Piñera es acusado por parlamentarios opositores

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Parlamentarios opositores decidieron este miércoles en consenso, interponer una acusación constitucional sobre el mandatario Sebastián Piñera, por la participación en la compraventa de la Minera Dominga, develada en los Pandora Papers hace unos días.

La sesión fue precedida por los diputados, Florcita Alarcón (IND), Maya Fernández (PS), Pepe Auth (IND), Paulina Núñez (RN) y Virginia Troncoso (IND).

El texto fue expuesto bajo los argumentos de faltas a la moralidad e integridad, que afectan el honor de la nación.

Según observaciones del diputado Jaime Naranjo, Piñera ha quebrantado totalmente la Constitución, por su actuación indolente, además de no representar dignamente el cargo de Presidente de la República.

El contenido en cuestión señala lo siguiente:

«En lo que respecta a este libelo acusatorio, se sostiene que la conducta reiterada y negligente del Presidente de la República no solo va en contra del principio de probidad definido constitucional y legalmente, sino que, adicionalmente, su infracción acarrea la vulneración al artículo 19 número 8 de la Constitución, que en su sentido amplio es un mandato irrestricto a respetar el medio ambiente».

También se relaciona con lo antes expuesto lo siguiente: “El presidente de la República no puede condicionar en una cláusula contractual firmada en paraísos fiscales, que solo reporta utilidad para su familia, el destino fatal del medio ambiente de Chile».

Todos estos indicios, en contra del gobernante Piñera, deben pasar por varias pautas o normativas legales por el momento, como son: no poder ausentarse del país, sin permiso de la Cámara.

Otra regla, es que después de la notificación, tendrá un plazo de 10 días, para presentar su defensa ante la comisión, bien sea, presencialmente o por escrito; después de esto, la comitiva de la Cámara tendrá un plazo de seis días para pronunciarse sobre dicha acusación.

Cabe destacar, que los hechos ya antes expuestos sobre la venta de la Minera Dominga, fueran investigados exhaustivamente por el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia durante 2017 y la Fiscalía determinó que no había delito alguno, en la mencionada operación.

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